José Pedro Potocar es un policía que ostentó el cargo de jefe de la Policía de la Ciudad. Abruptamente tuvo que dejar su cargo, primero por una acusación y luego por su detención. Acusación de la cual termino absuelto en juicio oral por la decisión del fiscal de no acusarlo por carencia de elementos para tal fin.
Destruyeron la carrera profesional de una persona. Sin elementos de prueba sin conjeturas validas, aproximaciones ni datos precisos (directos o indirectos). Bastó interpretaciones vagas que la propia justicia desestimó para acusar, procesar y detener.
Pero detrás de esto hay un contexto no solo judicial sino también ideológico.
"La Policía de Macri"
En la reforma de la Constitución de 1994 cuando se determinó que la "Capital" pase a denominarse "Ciudad Autónoma de Buenos Aires", la Policía Federal contaba con el control de las comisarías. Estas con el correr del tiempo deberían cederse para poder conformar una policía local propia: La Policía Metropolitana.
La Policía Metropolitana nace y tuvo grandes conflictos. O más bien conflictos generados.
Jorge Alberto Palacios fue jefe de la unidad antiterrorista de la Policía Federal Argentina y fue designado por Mauricio Macri para comandar dicha fuerza.
Esto generó que diversas corrientes ideológicas y política impulsaran una campaña de desprestigio hacia la figura de Jorge Alberto Palacio, y las acciones directas fue la denominada "causa de las escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires" del año 2009, acción que con muchas similitudes tuvo su reedición en la que los medios afines al gobierno han considerado llamar "Causa de Espionaje ilegal macrista" o "Escándalo D'Alessio".
Cabe destacar que Palacio falleció en Marzo de 2020, y la causa del año 2009 quedó en la nada, ya que el juez que intervino trato como un delito de acción pública a un delito de acción privada. En 2018 se declaró nulo todo lo actuado.
Surgió la policía de la Ciudad, y ahí fue designado José Pedro Potocar. Quiénes acusaron a Palacios, falsamente, ahora acusaron a Potocar, de ser corrupto. Ahí estaba de fiscal José María Campagnoli, quién surgió ante el una campaña de desprestigio por parte de grupos Kirchneristas, es que estaba investigando a Lazaro Baez, persona actualmente condenada por corrupción. Fue suspendido, luego restituido. En ese momento adquirió cierto apoyo de la sociedad. Pero luego hubo una segunda remetida del Kirchnerismo y los medios afines, indicaban que en la fiscalía de Saavedra se tenía fotos de "menores, transexuales y otras minorías" y sin su consentimiento.
Incluso se obtuvo el apoyo de la Comunidad Homosexual Argentina para dicha arremetida. En ese momento fue el que, es actualmente Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quién lo acusó públicamente en televisión de estas acciones.
Sumado a muchas otras acusaciones, las que quedaron en la nada, José María Campagnoli tenía una causa por corrupción policial. José Pedro Potocar es acusado de ser participe. José María Campagnoli acusa. Pruebas endebles.
Victoria contra "la policía de Macri". Afectación a la independencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La acusación de José Pedro Potocar
En el Juicio se determinaron cosas llamativas.
Uno de los imputados indicó que "tras ser arrestado en 2017 fue trasladado a cinco lugares diferentes de detención en nueve días “hasta que declaré lo que querían escuchar”". La maquinaria estaba en funcionamiento, se necesitaba acusaciones falsas para decapitar a la Policía de la Ciudad.
Al mismo tiempo "Hubo otro elemento sumamente curioso para los defensores. Un disparador del expediente también fue un informe de un sargento retirado de Gendarmería, cuyas iniciales son M.A.M. El informe fue detallado, hasta incluía reportes comerciales de los implicados en la trama, Potocar incluido: el gendarme presentó tres números de teléfono usados por el jefe de la Policía de la Ciudad, en ese entonces titular de la DGC.
La Justicia pudo rastrear dos IP de Internet usados por M.A.M. para obtener esos reportes comerciales. Uno fue el de su propia casa; el otro, una unidad de Gendarmería sobre la calle Chilavert en Pompeya.".
La teoría del caso propuesta por Campagnoli fue "Potocar -en ese entonces al mando de la Dirección General de Comisarías- y Aveni se encargaban de brindar la protección a aquellos que desde comienzos de 2016 recaudaban dinero de forma ilegal".
Fernando Fiszer el fiscal del juicio, decidió directamente no acusar a Potocar, a posterior los jueces decidieron que se lo debía absolver.
La criminalización de la policía por cuestiones ideológicas y políticas
El caso de Potocar, sumado a muchos otros similares como los de Jorge Alberto Palacios, e incluso los de Juan Pablo Roldán (asesinado por una persona con problemas de salud mental), muestran como la cultura de criminalización del accionar policial por parte de grupos políticos y de presión (ONGs, Redes de Asociaciones, organismos para estatales de Derechos Humanos), generan daños irreparables e irreversibles.
Y en el trasfondo estos casos son fruto de desinformación, actos de difamación e incluso discursos de odio. Mediante las figuras de "Violencia Institucional", y de la errónea conceptualización del accionar de la "represión", sumado a que a cualquier cuestión se es considerado "espionaje ilegal" y la "criminalziación de la inteligencia", estos grupos de presión (en ocasiones socios o afines de personas que cometen delitos), buscan afectar las instituciones policiales mediante ataques de distintas formas.
Pero el mayor problema parte de cuando estos grupos de presión hacen sus tareas en el estado sin ser parte del estado. Mediante la figura de "comites ad hoc", "mesas de trabajo" o "comités consultivos", varias ONGs y grupos diversos generan influencia (lobby) en las políticas públicas incluso sin seguir los lineamientos del Registro Único de Audiencias (Decreto 1172/2003).
El caso del asesinato de Juan Pablo Roldán fue un claro ejemplo de cómo la resolución por parte del Ministerio de Seguridad dirigido por Sabina Frederic, instó a que el uso de las pistolas de eletroshock (taser) se restrinja o en la práctica no sean usadas por personal policial de calle.
Los fundamentos fueron los que impulsaron distintas ONGs ya que indicaron mediante acciones de desinformación que las "taser" eran elementos de tortura "como en la dictadura". Estas acusaciones fueron realizadas por parte de asociaciones tales como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional (AI), entre otras.
Pero estas afirmaciones realizadas de forma masiva, generando desinformación, se contrasta con estudios académicos serios los cuales indican: "Un estudio publicado en el American Journal of Public Health, que analizó la situación de diferentes casos de implementación de estas armas en policías estadounidenses, y concluyó que la cantidad de lesiones bajó significativamente (entre un 25 y un 62%), tanto para civiles como policías, luego de la implementación de estas armas.".
Cabe destacar que estas ONGs en ocasiones reciben financiamiento de ONGs extranjeras. Algunas de ellas son Oak Foundation (Caroline Turner, Kristian Parker, Natalie Shipton, Christopher Parker, Jette Parker and Alan Parker), Open Society Foundations (George Soros, Mark Malloch-Brown, Alexander Soros), Fundación Heinrich Böll (Ellen Ueberschär, Barbara Unmüßig, Gitte Cullmann, Michael Álvarez Kalverkamp), Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires, Ford Foundation (Francisco G. Cigarroa, Darren Walker), Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.
Estas ONGs nunca respondieron ni pidieron disculpas por sus acciones.
La lista continúa
José Pedro Potocar, Jorge Alberto Palacios, Juan Pablo Roldán son solo algunos de los policías falsamente acusados, difamados e incluso asesinados por desinformación, campañas de desprestigio y acusaciones falsas.
Mientras tanto varias asociaciones para estatales en convivencia con funcionarios públicos siguen en su procesos de terrorismo ideológico y judicial. El plan sistemático sigue presente.
Memoria, Verdad y Justicia. Por los derechos humanos homogéneamente distribuidos.
